Robo de documentos históricos

Asedios contra los archivos y protección del patrimonio

Rodrigo Martínez Baracs

Lucas Alamán (1792-1853) fundó el Archivo General y Público de la Nación hace más de doscientos años, el 22 de agosto de 1823, con el objeto de resguardar la muy abundante, enorme, documentación generada por la administración novohispana en México a lo largo de tres siglos. A Alamán, jefe intelectual del Partido Conservador, le interesaba la conservación de estos documentos, no porque fuesen testimonio de las bondades del régimen novohispano (tal vez las daban por sentadas), sino porque son la documentación generada por el funcionamiento de los diferentes ramos de la administración virreinal: el gobierno, la justicia, la real hacienda, la Iglesia y la guerra, a diferentes niveles, los cuales se interrelacionan con distintas corporaciones de la sociedad, que a su vez generaron otros grandes cuerpos documentales, cuyo estudio permite conocer, en lo bueno y en lo malo, el periodo virreinal.

Entre las primeras publicaciones del Archivo mexicano está el Sumario de la residencia tomada a D. Fernando Cortés, paleografiada por Ignacio López Rayón a petición de Alamán, e impreso en dos tomos por Vicente García Torres (1811-1894) en 1852. Lucas Alamán, por cierto, como apoderado en México de los ricos negocios multinacionales del duque de Terranova y Monteleone (1795-1859) –heredero del marquesado del Valle de don Hernando Cortés (1485-1547)–, también se ocupó de poner en resguardo y comenzar a aprovechar (en sus Disertaciones para la historia de la República Megicana) el archivo del marquesado del Valle, con la documentación de don Hernando, de su hijo don Martín Cortés –el segundo marqués– y sus herederos, conservado en el Hospital de Jesús, el antiguo Hospital de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, fundado por Cortés tras la Conquista y que aún funciona, y cuya iglesia resguarda sus restos, descubiertos en 1946.

El archivo del marquesado fue trasladado al Archivo General de la Nación (AGN) en 1931, como ramo Hospital de Jesús. La historia antigua de dicho acervo la estudió nuestra admirada colega María del Carmen Martínez Martínez y esperamos leer pronto el resultado de su trabajo.

Alamán, como jefe en 1849 del ayuntamiento de la capital del país, se ocupó también de cuidar el Archivo de la Ciudad de México, donde se resguardan las Actas de Cabildo de esta ciudad, cuya transcripción pidió al mismo licenciado Ignacio López Rayón, que debió encabezar un muy eficiente equipo de trabajo.

Icazbalceta y la repatriación documental
Siguiendo a su maestro Alamán, el joven historiador, y empresario azucarero y comercial, Joaquín García Icazbalceta (1825-1894) se dio cuenta de que el periodo que siguió a la Conquista era el más importante en la formación de México, pero para estudiarlo era necesaria una documentación entonces inaccesible, por lo que se dio a la tarea de acopiar, estudiar y editar documentos y libros antiguos y modernos. Por cierto, García Icazbalceta no trabajó mucho los documentos del AGN, ni los del marquesado, pero sí obtuvo una copia de las Actas de Cabildo de la Ciudad de México y las aprovechó para sus trabajos históricos y lexicográficos.

Su campo fundamental de adquisiciones se orientó a obtener copias de documentos conservados en España –muchos de ellos mandados copiar por el bostoniano William H. Prescott (1796-1859)–, pero también muchas veces a la adquisición de documentos originales (cartas de Cortés y otra correspondencia, varias “relaciones geográficas” con sus mapas, relaciones de los franciscanos, entre otros), lo cual implicó un inédito o poco común proceso de repatriación documental, hecho posible porque García Icazbalceta era un próspero hacendado y comerciante, en un contexto de dramática salida al extranjero de las bibliotecas de José María Andrade (1807-1883) y José Fernando Ramírez (1804-1871). Más adelante, en 1936 los nietos de García Icazbalceta vendieron su colección de manuscritos y sus mejores libros a la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, donde se encuentran resguardados.

Hablando de repatriaciones, en 2014 el gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) consiguieron la compra y repatriación de los tres tomos de documentos mexicanos (en español, náhuatl y purépecha) compilados por Carlos de Sigüenza y Góngora, que José María Luis Mora (1794-1850) dio en 1827 a la Bible Society de Londres, que la depositó después en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge, hasta que decidió subastarla en 2014, cuando felizmente el INAH detuvo la subasta y compró los manuscritos. 

Aprovechamiento del AGN
El AGN comenzó a ser aprovechado por los historiadores en el siglo XIX, y debe decirse que fue sobre todo el ramo Inquisición el que atrajo su interés y el de novelistas que buscaban transmitir algo de la historia truculenta y oscura de la Nueva España (con la temporal separación del Fondo Riva Palacio).

Sólo en el XX comenzó su aprovechamiento amplio y extensivo, comenzando por las grandes compilaciones de Silvio Zavala (1909-2014) de documentos sobre el trabajo de los indios y el desempeño en el AGN mismo de historiadores como Edmundo O’Gorman (1906-1995). Más adelante, Alejandra Moreno Toscano realizó el traslado al Palacio de Lecumberri y la organización de un archivo a la altura de las exigencias de un país autoconsciente y de un cuerpo nuevo de historiadores profesionales, de la UNAM, el INAH, El Colegio de México y varios otros centros académicos mexicanos y extranjeros.

El aumento del estudio profesional y documentado de la historia tuvo efectos positivos para el conocimiento del pasado mexicano porque trajo una investigación documentada y crítica, realizada no sólo por historiadores mexicanos, sino también, y a veces de manera predominante, por extranjeros, y desde una pluralidad de puntos de vista, intereses y enfoques, lo cual sin duda es sano. Pero este interés por los documentos novohispanos trajo también el efecto de que gente carente de ética se dedique a robar, vender y comprar documentos, en el país o, usualmente, fuera de él.

Robo de documentos históricos
El fenómeno es grave e inaceptable, pero no puede decirse que durante un tiempo haya podido calificarse de alarmante, debido a la discreción con que se practicó, el tristemente célebre “robo hormiga”, y en algunos casos los robos y subastas fueron detenidos por las autoridades. Es el caso de los dos intentos de subasta en Nueva York del Opera medicinalia del doctor Francisco Bravo, de 1570, restituido a la Biblioteca Lafragua de Puebla; o un documento cortesiano cuya subasta en Margo Glantz con la ayuda de José Luis Martínez (1918-2007), mi padre, que había incluido ya ese documento en sus Documentos cortesianos entonces en prensa (1990-1992), y fue restituido al AGN; o la subasta en Morton, el sábado 29 de octubre de 2005, de libros antiguos de la Biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que fueron restituidos por los compradores gracias al escándalo mediático.

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