Una mañana de finales de agosto de 1744, unos mozos y un hijo del hacendado Laureano González estaban en una ladera cercana a la iglesia de San Miguel Hila, dispuestos a cortar leña. Al estar talando, llegaron unos indios que habitaban en ese pueblo, quienes se hicieron de palabras con ellos para que dejaran lo que estaban haciendo. Al frente iba Francisca María, esposa del fiscal local y quien, en compañía de otras mujeres, apedreó a los mozos y al hijo del hacendado, mismos que salieron corriendo del lugar y se fueron a refugiar a la hacienda de San Ildefonso.
Luego de que se congregara a los indios que participaron en el tumulto, algunos hombres confesaron haber intervenido, aunque sólo mediante palabras. Asimismo, responsabilizaron de las pedradas a las mujeres, en especial a Francisca María, quien incitó al pleito, pues los demás habitantes no tenían problema con que Laureano cortara madera en esa ladera. Aunque se advirtió pena de cien azotes y cuatro años de trabajo en obrajes a quien hubiera impedido el corte de leña al hacendado, no hay registros de que se haya sentenciado a alguien.
El siglo XVIII en la Nueva España está marcado por tumultos de indígenas que defendieron sus tierras ante el acaparamiento de los hacendados. El del pueblo de San Miguel Hila contra la hacienda de San Ildefonso, propiedad de Laureano González, es sólo uno de ellos.
En esa ocasión, no fue sólo Francisca María, sino que fueron también las mujeres de Hila quienes con piedras alzaron la voz e hicieron ruido, y al escucharlo se entendía “San Miguel Hila es pueblo”. El nombre de Francisca María trae consigo la historia de las revueltas indígenas por sus tierras; evoca también a las mujeres que aquella vez empuñaron las piedras y que, aunque presentes, se mantuvieron en el anonimato.
La disputa por la tierra
En la tradición católica, san Miguel Arcángel empuñó una espada para luchar contra la perversidad del demonio. En la Nueva España, se convirtió en santo patrono y protector de varios pueblos; entre ellos, San Miguel Hila (ubicado en el actual municipio de Nicolás Romero, Estado de México), cuyo nombre originario era Tlilan –que significa “en la oscuridad”–. Se trataba de un pueblo prehispánico donde habitaban los curanderos del alma y que, durante el virreinato de la Nueva España, formó parte de la villa de Tacuba, en la doctrina de Tlalnepantla. ¿Cómo la historia de una comunidad se puede insertar en la historia nacional? Más allá de sus costumbres y reconocimiento como comunidad indígena perteneciente al pueblo otomí, San Miguel Hila ha quedado inscrito, por sus avatares, en la memoria de la lucha por la tierra en México. Lo dice Charles Gibson en Los aztecas bajo el dominio español: "Debido al continuo desarrollo de las haciendas españolas en la región de Tlalnepantla, la comunidad de San Miguel Tlilan (Hila) se vio rodeada y absorbida [...] La mayoría de sus trabajadores eran gañanes en la hacienda de San Ildefonso, una de las diversas haciendas de la región [...] El propietario de la hacienda, Laureano González, se empeñó en clasificar a Tlilan como “pueblito” o “ranchería” incluido en una hacienda, sin status independiente".
La historia novohispana evoca, entre muchas otras cosas, la hacienda, los edificios rústicos a la mitad del campo y los sembradíos. También trae a la memoria las “mercedes” de tierra (donación de terrenos para su explotación) otorgadas a españoles, así como la compraventa de predios y el acaparamiento, que propiciaron que, para el siglo XVIII, muchas haciendas ya abarcaran grandes porciones de territorio.
Por otra parte, desde los primeros años del periodo colonial, en 1532, se ordenó que los indios tuvieran tierras para su beneficio. Una real cédula emitida el 4 de junio de 1687 decretó que los pueblos fueran dotados con 600 varas (alrededor de 500 metros) de tierra por los cuatro vientos, contadas desde las últimas casas del pueblo; sin embargo, algunos españoles se quejaron de que los indios construían jacales de lodo más allá de las últimas casas para contar desde allí las 600 varas. Debido a esa situación, se expidió un nuevo decreto el 12 de julio de 1695: las 600 varas se medirían desde el centro de la iglesia del pueblo a los cuatro vientos. Pese a lo anterior, aún a mediados del siglo XVIII había pueblos que no tenían su dotación de tierras. Las epidemias habían disminuido a población indígena al poco tiempo de la Conquista, pero al pasar de los años creció a tal nivel que los pueblos necesitaban más tierras. Entonces, la expansión de haciendas y el crecimiento demográfico de los pueblos desembocaron en conflictos.
En ese tenor, San Miguel Hila solicitó a la Real Audiencia de la Nueva España la medida de sus 600 varas el 16 de septiembre de 1743. Sin embargo, las diligencias de medidas de tierra practicadas el 9 de octubre siguiente causaron una pugna entre Laureano González y los habitantes de aquella población, que colindaba con la hacienda de San Ildefonso. Además de impedir la medición, Laureano negó la categoría de “pueblo” a San Miguel, argumentando que era una “ranchería” anexa a su hacienda.
¿Por qué empeñarse en denominar a Hila como ranchería? La cercanía entre el pueblo y la finca, sumado a que San Miguel tenía pocos habitantes (comparado con los otros pueblos otomíes de la región, pues según un censo levantado poco antes del litigio se contaron 133 pobladores), además de los ánimos expansionistas del hacendado, hicieron viable un intento de anexión para acrecentar el dominio de González, aun cuando Hila tenía sus propias autoridades. En ese conflicto, la iglesia del pueblo jugaría un papel determinante.
Todo por la iglesia
En crónicas consta que para 1743 la iglesia del pueblo se encontraba derruida. Al interior aún había dos imágenes de bulto del santo patrono, una pila bautismal detrás de la media puerta derecha y una de agua bendita del lado contrario; sin embargo, el techo estaba casi derrumbado y las campanas colgaban de dos palos. Lo anterior, pese a que tiempo atrás Laureano se había adueñado de una loma de San Miguel Hila, que los indios recuperaron luego de llegar a un acuerdo con el hacendado: ellos le arrendarían las tierras, y con el dinero obtenido arreglarían la iglesia. No obstante, en pleno litigio, era evidente el mal estado del templo.
A pesar de que la iglesia seguía en pie y que San Miguel Hila contaba con autoridades de gobierno de indios, cárcel y cementerio, la defensa de González insistía en que se trataba de una ranchería, aprovechando la situación de que los indios del pueblo trabajaban en San Ildefonso, o en alguna otra hacienda de la región porque eran las opciones que tenían para obtener ingresos (mientras que las haciendas se beneficiaban con la mano de obra que recibían). Los testigos que declararon a favor de Laureano dijeron que la iglesia era una capilla sin ornamentos.
Por otra parte, el hacendado se había aprovechado de la necesidad que los indios tenían de arreglar su templo y, al tener injerencias en su territorio siendo arrendatario, se puso en ventaja ante la Real Audiencia. Cabe aclarar que no sólo pretendía apropiarse de tierras del pueblo de San Miguel Hila, ya que en ese momento también sostenía un litigio de tierras contra Juana de Leyva Cantabrana, dueña de la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe, por un pedazo de terreno a orillas del río Grande, cerca de la hacienda de San Ildefonso.
A la defensa de San Miguel Hila se sumaron habitantes de otros pueblos y ranchos vecinos, quienes en diligencias practicadas por la justicia de Tacuba declararon que Hila siempre había sido pueblo. Asimismo, personalidades religiosas, indios, hacendados, rancheros y hasta un pariente del conde de Miravalle abogaron por la calidad de pueblo de San Miguel Hila al ser interrogados como parte de las averiguaciones de la Real Audiencia de México. Del ámbito religioso, fray Joseph Antonio Moctezuma, cura ministro de Tlalnepantla, presentó libros de bautizos, casamientos y defunciones (de personas enterradas en el cementerio local) llevados a cabo en San Miguel Hila.
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