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  • lunes, 22 de enero de 2018.

Un caos llamado frontera

Por: Javier Villarreal Lozano

Nítidamente trazada sobre los mapas, a partir de 1848 la frontera de México con Estados Unidos resultaba inexistente para apaches y comanches, ladrones de ganado, grupos armados de ambos lados de la línea divisoria e incluso para el ejército estadounidense. Aparte, las convulsiones en la franja fronteriza, caótico escenario de frecuentes desacuerdos binacionales dirimidos a balazos, causaron estragos en la ganadería en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

 

La dimensión del problema aconsejó al gobierno mexicano crear en 1872 la llamada Comisión Pesquisidora de la Frontera del Norte, cuya tarea fue hacer un recuento puntual de los daños sufridos por ambas naciones. Para entonces, la situación provocada por el abigeato era desesperante. Al referirse a la parte de México comprendida entre los ríos Bravo y Nueces, la Comisión concluyó: “Partidas de americanos, de tejanos, de mejicanos y de indios, dieron fin en pocos años a la riqueza pecuaria de ese territorio: con poca población este, sin que sobre él se ejerciera la acción constante de las autoridades mejicanas o tejanas, no solo se perdió la riqueza, sino que se produjo una suma inmensa de inmoralidad”.

 

Menudeaban los conflictos. El 13 de julio de 1859 se produjo el levantamiento de Juan N. Cortina, quien “vio en Brownsville a un sheriff que llevaba arrastrando del cuello a un individuo de origen mejicano, y le reconvino; el sheriff le contestó con una frase insultante; Cortina le disparó un tiro, le hirió, y se llevó al preso”. El 28 de septiembre de ese año, volvió “con alrededor de 50 hombres” y ocupó Brownsville.

 

Aunque producto de un incidente local provocado por un acto de discriminación, el alzamiento de Cortina alcanzó carácter internacional, pues él y sus hombres se retiraban a México cuando eran perseguidos y luego volvían a atacar poblaciones texanas.

 

Siete años después ocurrió otro incidente: en la bahía de Bagdad, inmediata a Matamoros, la fuerza militar, entonces al servicio del imperio de Maximiliano, fue sorprendida “por otra americana que estaba enfrente, en los campamentos de Clarcksville”. Tras dispersar a las tropas imperiales, los atacantes –la mayoría soldados afroamericanos al mando de oficiales blancos– se dedicaron al saqueo.

 

Los miembros de la Pesquisidora clasificaron en cuatro los motivos de las incursiones estadounidenses a México: 1. Las que habían tenido como único objeto el pillaje; 2. Las que, bajo pretexto de principios políticos, eran agresiones a la nación; 3. Las que abiertamente proclamaban hostilidades contra México; 4. Las que envolvían cierta intervención por parte de las fuerzas de Estados Unidos en las cuestiones interiores de México.

 

La primera de las acciones “dirigidas abiertamente contra la nación mexicana” ocurrió en 1855, cuando, con el pretexto de perseguir a unos indios lipanes, empresarios de San Antonio, Texas, organizaron a doscientos voluntarios (rangers) para invadir Piedras Negras, Coahuila.

 

Ya fueran filibusteros dedicados al pillaje, rangers organizados a fin de localizar esclavos fugados, o en ocasiones cuerpos del ejército estadounidense, la frontera de México con Texas sufrió innumerables invasiones que la empobrecieron y redujeron drásticamente su ya de por sí escasa población.

 

Los daños fueron terribles en una endeble economía de supervivencia. Solamente el estado de Coahui la registró en veintidós años, de 1848 a 1870, un total de 608 incursiones de indios –la población de Melchor Múzquiz fue atacada en 185 ocasiones durante ese periodo: un promedio de más de ocho veces por año–. Se calculaba que la pérdida de ganado caballar y vacuno ascendía a más de cinco mil cabezas, entonces una cifra enorme.

 

En tales circunstancias, olvidando viejos agravios, el gobierno de México propuso al de Estados Unidos la firma de un convenio mediante el cual se permitía el paso de la frontera a militares de ambas naciones para la persecución de los indios y forajidos. Tal propuesta, concretada en 1884, fue producto de la experiencia de las devastadoras correrías de Victorio –llamado popularmente Vitorio–, jefe de una partida de apaches chiricahuas, muerto el 15 de octubre de 1880 en Tres Castillos, Chihuahua. Ese acuerdo fue invocado por don Venustiano Carranza en un intento de revestir de carácter legal a la Expedición Punitiva en 1916.